El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, declaró ayer como testigo en la investigación judicial por la gestión de la gota fría del 29 de octubre de 2023 y descargó toda la responsabilidad en los técnicos, asegurando que en el Centro Coordinador de Operaciones (CECOPI) no se abordó la emergencia en el barranco del Poyo hasta después de enviar el primer mensaje de alerta a la población. Durante más de ocho horas de declaración, Mompó insistió en que ni él ni los demás responsables políticos presentes —incluida la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas— fueron informados de la gravedad en la cabecera del Poyo, a pesar de que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) había emitido avisos desde las 18:46. Su testimonio, sin embargo, chocó con las contradicciones detectadas por la jueza respecto a sus declaraciones previas en el programa “Salvados” de La Sexta, donde llegó a afirmar que “a las 18:00 horas ya tenían información sobre Chiva”. Ayer lo negó.
Era monotema: Forata. Hasta las 20:11 no se habló de otra cosa. Si los técnicos no verbalizaron el peligro en el Poyo, nosotros no lo conocíamos”
La declaración de Mompó comenzó con un intento de desvincularse de las decisiones operativas. “Yo no soy miembro del CECOPI”, aclaró, para después detallar que su papel se limitó a facilitar contactos de alcaldes y trasladar observaciones sobre el terreno. Según su relato, la reunión en el centro de coordinación estuvo dominada por el riesgo de colapso en la presa de Forata, anunciado por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, hacia las 19:00 horas. “Hasta esa hora, todo giraba en torno al pantano. Cuando Polo dijo que en dos horas podía reventar, se activó el protocolo del ES-ALERT”, explicó. Preguntado por qué no se mencionó el Poyo —cuya crecida ya había sido alertada por el SAIH—, Mompó fue contundente: “Si no se dijo nada, es porque los técnicos no nos alertaron. Allí dentro no existía el barranco del Poyo”. La jueza le replicó: “Resulta difícil creer que en la sala de emergencias se hablara del Poyo y en el CECOPI no. ¿Nadie vio las pantallas de TV o los mensajes del SAIH?”. El presidente de la Diputación se limitó a responder: “Confío en los técnicos. Si no nos lo dijeron, es que no lo vieron”.
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Uno de los momentos más tensos llegó cuando la magistrada confrontó a Mompó con sus declaraciones en el programa “Salvados” de la Sexta, donde afirmó haber hablado con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para pedirle que “se tomaran medidas ya” debido a la tardanza en activar las alertas. Frente al tribunal, matizó: “Eso fue una suposición. Las llamadas con Mazón fueron breves y solo para pasarle teléfonos de alcaldes”. Recurriendo a su factura telefónica, detalló que hubo dos contactos: uno a las 17:45 —”de 40 segundos, para darle el número del alcalde de Utiel”— y otro a las 18:25 —”sobre Cullera”—. “En ningún caso hablamos del ES-ALERT, es imposible porque hasta las 19:00 no existió”, insistió. La jueza le espetó: “En la entrevista dijo que discutieron si el mensaje debía ser para toda la provincia. ¿Lo inventó?”. Mompó se defendió: “Allí dije 'sinceramente no me acuerdo' y 'supongo que'. Era una reconstrucción días después”.
(Sobre Mazón) Las llamadas fueron para contactos con alcaldes. Lo de pedirle medidas en Salvados fue una interpretación interesada”
Sobre la polémica hora de la información relativa a Chiva, Mompó admitió que en televisión mencionó que “a las 18:00 tenían datos del desbordamiento”, pero ahora asegura que fue un error. “Revisé las llamadas de Avelino Mascarell y vio que habló con la alcaldesa a las 19:00. A mí me lo contó por la noche. Es imposible que supiera lo del Poyo a las 18:00”. La acusación particular le presionó: ”¿Por qué en Salvados no corrigió al periodista cuando le dijo esa hora?”. El testigo se limitó a repetir: “El programa estaba manipulado. Hice hora y cincuenta minutos de entrevista y solo emitieron cortes”.
Vicent Mompó ayer al finalizar su declaración
El papel de los bomberos fue otro punto crítico. Preguntado por qué el Consorcio Provincial no actuó en el Poyo —pese a que la directora general de Emergencias, Inmaculada Piles, pidió refuerzos a las 12:48 para Torrent y Paiporta—, Mompó se desentendió: “El Consorcio tiene su protocolo. A mí no me consultaron”. Tampoco supo explicar por qué los bomberos forestales abandonaron sus puestos esa tarde, algo que el exdirector de Emergencias José María Angelino atribuyó en la comisión de investigación a “órdenes contradictorias”. “Eso lo dijo Basset [jefe de Bomberos de la Diputación]. Yo no estaba al tanto”, zanjó.
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Respecto al envío del ES-ALERT, Mompó describió un proceso caótico: “Jorge Suárez [subdirector de Emergencias] nos explicó la herramienta hacia las 19:30. Se debatió si avisar a toda la provincia o solo a las zonas cercanas a Forata, por miedo a una estampida. Al final se optó por ampliarlo”. Sobre la demora hasta las 20:11, apuntó a “problemas técnicos” y a que “había que validarlo con Madrid”, aunque reconoció no saber detalles. La jueza le interrogó sobre si Pradas intervino en la redacción: “Ella no dictó nada. Quien llevaba la voz era Suárez”.
Las contradicciones sobre el funcionamiento real del CECOPI marcaron la declaración. Varios testigos previos —como técnicos del 112— habían asegurado que la sala recibía datos en tiempo real del SAIH y que Pradas sí fue informada de la situación en el Poyo antes de las 19:00. Mompó lo negó: “Si hubiéramos sabido lo de Paiporta o Massanassa, habríamos actuado”. La magistrada le recordó que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, llamó a Pradas a las 19:06 para alertarle de Paiporta. “No lo recuerdo”, repitió él.
(Bomberos) No sé quién dio la orden de retirada. Basset nunca lo mencionó en la sala”
Al cierre, la defensa de Pradas y Argüeso aprovechó para reforzar su tesis: “Los técnicos dirigían. Las decisiones eran consensuadas”. Mompó coincidió: “El papel de la consellera era refrendar, no decidir. Argüeso apenas habló”. Pero la jueza le atajó: “Si los políticos no dirigían, ¿para qué estaban allí?”. El silencio del testigo resumió el núcleo del caso: una crisis donde nadie asume responsabilidades.
El caos en el Cecopi
Mompó describió un escenario de descoordinación en el centro de mando durante su declaración: “No había un turno de palabra establecido, ni alguien que dirigiera claramente la reunión. La gente entraba y salía constantemente —técnicos, políticos, asesores— y en algún momento incluso se cortó la conexión con la sala telemática”. Relató que, tras el aviso de Polo sobre Forata, “se formó un debate caótico: unos querían enviar el ES-ALERT solo a los pueblos aguas abajo del pantano, otros a toda la provincia. Jorge Suárez intentaba poner orden, pero había interrupciones constantes”. Esta imagen contrasta con el protocolo que exige el manual de Protección Civil, donde el CECOPI debe funcionar como “una cadena de mando unificada”.
Pantallas apagadas y datos que no llegaban
El presidente diputacional admitió que “nadie en la sala monitoreaba las pantallas del SAIH” —que mostraban el caudal en tiempo real del Poyo— y justificó el fallo: “Estábamos en una reunión operativa, no mirando televisiones o correos. Si los técnicos no nos pasaban los datos, no podíamos actuar”. Sin embargo, reconoció un hecho grave: “Cuando Polo habló del colapso de Forata (19:00), ya había un email del SAIH sobre el Poyo desde las 18:46. Pero ni él ni Pilar Bernabé lo mencionaron”. Esta omisión, según la acusación, explica por qué el mensaje de las 20:11 no incluyó a localidades como Paiporta o Massanassa, donde el agua ya arrasaba calles. “Si alguien hubiera verbalizado ese correo, habríamos ampliado la alerta”, concluyó Mompó, sin aclarar por qué ningún político preguntó por otras zonas en riesgo.
