La comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat de hoy alumbrará un acuerdo “de calado político”, según fuentes de la negociación, que no pierden de vista la debilidad actual del Gobierno de Pedro Sánchez y el ambiente de polarización política. Pese a este escenario, el acuerdo para el modelo de financiación singular de Catalunya pondría las nuevas bases para cambiar por completo un sistema actual deficiente, poco transparente y caducado. Y la nueva propuesta constituye “un cambio de paradigma”, señalan, respecto al actual estado de cosas porque persigue “un sistema tributario federal” con mayor capacidad para las autonomías.
El acuerdo entre gobiernos, que obedece a los pactos de investidura con ERC de Sánchez y Salvador Illa, pretende poner los cimientos para un nuevo sistema de financiación a través del despliegue de la hacienda catalana, para que gestione de forma progresiva todos los impuestos. Pero al ser “generalizable” busca ofrecer al resto de comunidades mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección si, en el ejercicio de su autogobierno, así lo desean.
Esta forma de proceder en el cambio del sistema de financiación no es nueva. De hecho, las anteriores modificaciones casi siempre fueron fruto de un pacto entre Gobierno y Generalitat, con la posterior participación del resto de autonomías. De ahí que en los dos Ejecutivos que se sientan hoy en el Palau de la Generalitat resalten que, pese a surgir de un pacto bilateral, “sin la multilateralidad esto no es posible”.
El cambio de paradigma que supondrá es evidente, puesto que apuesta por pasar de un control tributario y financiero del Estado sobre los territorios a un sistema en el que la gestión sea asumida íntegramente por estos. Por tanto, ofrece a las autonomías la posibilidad de disponer de la “llave de la caja”, en palabras de ERC, lo que aportaría mayor transparencia y, por medio de la ordinalidad –el criterio que permite a las comunidades no perder puestos en el nivel de renta per cápita tras su contribución a la caja común–, de más recursos para regiones como Catalunya o Madrid.
El resto de las regiones también podrán asumir progresivamente mayores competencias tributarias
Por contra, la aplicación del principio de ordinalidad, exigido por ERC, perjudicaría a otras autonomías, por lo que el Gobierno prevé elevar su aportación al nuevo sistema para equilibrar la balanza.
A partir del acuerdo político de hoy se abrirá un camino complicado y progresivo hasta hacer posible la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los impuestos que se pagan en Catalunya, empezando por el IRPF en 2026, a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). En él será crucial el cálculo de la cuota de solidaridad, limitada por la ordinalidad.
A la espera de las negociaciones de última hora, el acuerdo no prevé concreciones sobre la ejecución del nuevo modelo más allá de la fijada para el IRPF, ni cifras sobre los beneficios para Catalunya de la nueva financiación. Esto quedaría, si todo va bien, para finales de año, cuando se celebraría otra comisión bilateral.
Tampoco en el acuerdo se especifican las modificaciones legislativas necesarias, que estarán sujetas al escrutinio de las Cortes, donde la propuesta no goza de las mayorías necesarias. Al rechazo de PP y Vox se unen, por ahora, el de algunas formaciones del bloque de investidura de Sánchez.
“Compartir datos con la hacienda española y trabajar conjuntamente es el camino” hasta que la ATC adquiera músculo
En cualquier caso, para hacer realidad el modelo el Catalunya, la ATC debe engrosar sus medios técnicos y humanos, algo que llevará años, por eso, mientras la entidad no adquiera el músculo necesario, “compartir datos con la Agencia Tributaria Española (AEAT) y trabajar conjuntamente es el camino”, señalan fuentes al tanto del acuerdo.
Según ha podido saber La Vanguardia , la fórmula elegida, y extensible al resto de administraciones tributarias autonómicas, es la implantada este año en Catalunya con la prueba piloto sobre la recaudación y gestión del impuesto de matriculación. Así, la ATC podrá utilizar las aplicaciones de la AEAT para asumir progresivamente tareas de gestión tributaria, pero ambas administraciones, debidamente coordinadas, gestionarán y controlarán los tributos, pudiendo actuar ambas “de forma concurrente”.
Por tanto, lo acordado respecto al impuesto de matriculación se aplicará al IRPF y al resto de impuestos, tanto en el ámbito de la información y asistencia al contribuyente, como en el de gestión y control.
De facto, esto supone que ambas agencias tributarias, la española y la catalana –y el resto de las autonómicas que se adhieran– avanzarán hacia un modelo de gestión tributario “en red”. La participación y la coordinación conjunta será determinante para asegurar el funcionamiento del sistema tributario y las garantías necesarias para la prevención y lucha contra el fraude fiscal.
ERC presentará una proposición de ley con los cambios normativos necesarios para tratar de blindar lo acordado
Pese a las quejas de ERC en las últimas horas, sobre la “subordinación” de la ATC a la hacienda española, los republicanos están de acuerdo en estos términos iniciales y su mayor urgencia es iniciar cuanto antes las reformas legales necesarias, entre ellas la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca).
El aval multilateral al acuerdo facilitaría la reforma de la Lofca. Para ello, la ministra de Hacienda prevé convocar el próximo otoño un CPFF, pero ERC no quiere esperar y por eso presentará en los próximos días una proposición específica, a la que espera que se añada el PSOE. Para los republicanos será una prueba de fuego de la voluntad real de los socialistas, conscientes de que todo está al albur de la coyuntura política.
Una comisión bilateral concurrida, pero sin la ministra Montero
a comisión bilateral Generalitat-Estado está copresidida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cuyo responsable es Ángel Víctor Torres, y el Departament de Presidència de la Generalitat, en manos del conseller Albert Dalmau, por tanto, en ella no estará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a pesar de que el tema a tratar es de su competencia. En su lugar estará el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y junto al él y el ministro Torres estarán el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez. Por parte del Govern, además de Dalmau estarán la consellera de Economia, Alícia Romero, el secretario del Govern, Javier Villamayor; la secretaria general de Presidència, Eva Giménez; el secretario general de Economía, Juli Fernández; la delegada del Gobierno en Madrid, Núria Marín; la directora general de Coordinación Interdepartamental, Mònica Lafuente, y el director de Asuntos Constitucionales, Alfredo González.
