La trama que investiga un juez de Tarragona supuestamente liderada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro para beneficiar económicamente al despacho que él fundó reconoció en correos electrónicos que para lograr ventajas dentro del Ministerio por parte de empresas había que pasar primero por Equipo Económico (EE).
“La vía directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”, reza un correo enviado por una de las empresas que buscaba una reforma legislativa para pagar menos impuestos.
Según recoge el auto judicial por el que se levanta el secreto del sumario y se ordena notificar al exministro y a otras 27 personas su condición de investigados, Montoro lideró una trama a través de la cual se benefició a ciertas empresas, concretamente a varias gasistas, con reformas legislativas para pagar menos impuestos si pagaban previamente al despacho Equipo Económico, que realizaría las gestiones con el Ministerio.
En la investigación, que lleva abierta desde 2018, constan correos electrónicos que para el juez son clave para llegar a estas primeras conclusiones. Tal y como se desprende de los correos intervenidos, la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) tras unos intentos fallidos de lograr que el Gobierno de Mariano Rajoy reformara la legislación para incluir a las gasitas entre los sectores que iban a beneficiarse de una bonificación impositiva mediante la aprobación de la norma con la finalidad de obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad), “cambia de estrategia y decide contratar a Equipo Económico (EE)”.
“Vía directa” al ministro de Hacienda
Este despacho fue fundado por Montoro dejó de ser socio antes de llegar al Gobierno. Sin embargo, el juez apunta a que siguió manteniendo relaciones y de hecho colocó entre sus altos cargos a personas que provenían del despacho. En los correos, se desprende que AFGIM contrata a EE “a sabiendas de que se trata de un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva”. En uno de esos correos se reconoce que este despacho es la “vía directa” con Montoro.
Según el auto judicial al que ha tenido acceso La Vanguardia, “con la intervención de EE, en un escaso periodo de tiempo y mediando precio, el despacho logra para las empresas gasísticas la reforma legislativa que éstas pretendían. Con estas reformas, se modificaba el criterio que hasta entonces utilizaba el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré –también investigado- para justificar las negativa a las pretensiones de las gasísticas.
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“Es llamativo dicho cambio de criterio en tan breve periodo de tiempo, periodo en el que no se produce una modificación sustancial del marco económico presupuestario que justificase dicho cambio”, advierte el juez, que cuantifica en casi un millón de euros lo que cobró EE de estas empresas.
Modificaciones 'ad hoc'
Las investigaciones llevadas a cabo ponen de manifiesto que los pagos que AFGIM realiza a EE tienen por objeto permitir el acceso al ministro de Hacienda y al secretario de Estado. Su contratación pone de manifiesto la “intencionalidad” para aprobar una modificación ‘ad hoc’, “es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores cuyo coste de electricidad también superasen el 50% de los costes de producción”.
El juez va más allá y apunta a que aparte de lograr estas reformas, Hacienda las aprobaba con los textos redactados directamente por las gasísticas. Sin embargo, aunque el pago a EE supuestamente es por la redacción de informes, éstos ni siquiera eran elaborados por ellos sino por otra consulta, EY, que cobraba 10 veces menos que la fundada por Montoro y que cómo mucho, según el juez, hacía la revisión final de esos informes. Una vez que estos documentos llevaban al Ministerio entraban como texto legal en una reforma, usurpando la labor de la función pública.
Los mails analizados por los Mossos d’Esquadra y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ponen de manifiesto que correspondió a la AFGIM la redacción del texto propuesto para la elaboración de la norma que los incluyese en el citado beneficio fiscal, “dando lugar a una situación que podría calificarse de sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades normativas en la fase prelegislativa de la elaboración de la ley así como de su reglamento de desarrollo”, dice el instructor.
La intervención de EE “logró en menos de un mes la modificación de la ley y real decreto que modifica el reglamento de impuestos especiales. El único elemento diferenciador fue la entrada en escena de EE previo acuerdo sobre el precio que debían satisfacer al despacho”, añade. Este mismo modus operandi se reproduce con la rebaja fiscal a las gasísticas en el IAE a través de la modificación en 2018 del RDLeg 1175/1990.
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El juez sospecha que Montoro, sus más estrechos colaboradores, los responsables de EE y las gasistas podrían haber cometido cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona explica que Miguel Ferré, secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, tuvo cargos decisivos para modificar los textos de los anteproyectos a favor de las gasísticas. Un ejemplo que incorpora el magistrado es cómo el número 2 de Montoro envió un mail el 16 de octubre de 2013 al director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) en la que le expone las razones por las que no cabe atender a sus pretensiones de modificar la legislación. “Estas razones desaparecen unos meses más tarde, coincidiendo con la intervención de EE, una vez es contratada por la gasistas”, concluye.
Pagos y puertas giratorias
Otra personas del equipo de Montoro, Diego Martín-Abril, entonces director general de Tributos, mantuvo reuniones, según el auto del juez, con la Agencia Tributaria en aras a lograr que la redacción del real decreto para que las gasistas entraran dentro de la rebaja fiscal no exigiera la aportación de registros que permitieran controlar si las gasísticas cumplían o no el requisito legal que obligaba a que los costes de electricidad superaran el 50% del coste de producción.
Otro ejemplo de esta unión entre Hacienda y EE es que quien fuera director general de tributos entre 2016 y 2018, José Alberto García, pasó a ser socio de EY tras su salida del Gobierno, la consulta que hacía los informes para las gasistas y que él aceptó. El magistrado advierte que esta consultora “intervino en los hechos investigados y que se prestó a participar en los supuestos trabajos técnicos de aparente soporte para las citadas reformas legales de favor”, recoge el auto, que añade que “esta contratación generó cierta polémica y tuvo cierta repercusión mediática”.
Otro de los investigados, Oscar del Amo, subdirector general de tributos locales, no solo se reunió con las gasistas sino que las llamó para aclarar dudas sobre los textos, “lo que permitiría concluir no solo que dicha redacción del texto fue consensuada sino también que sería impuesta por los pagadores del despacho, en abuso grave del ejercicio de su función pública”, afirma.
El juez apunta incluso al asesor del gabinete del ministro, Rogelio Menéndez, quien intervino en una reunión del 4 de marzo de 2014 entre Montoro y la AFGIM. “Tal circunstancia revelaría un conocimiento directo no solo de los motivos e intervenciones de la convocatoria de tal reunión sino también de su estéril contenido, de sus participantes, de su resultado, así como del grado de intervención del ministro en el asunto de referencia, de lo cual razonablemente pudiera haberse dejado constancia en su buzón de correo”. Otro indicio es que José María Buenaventura, exdirector de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, ha recibido retribuciones de EE y de empresas vinculadas a esta.
